La grave situación que atraviesa el sistema sanitario de la ciudad por el nuevo brote de coronavirus obligó a extremar los cuidados en la que fue la primera sesión extraordinaria del año. Por eso, la misma se llevó a cabo de manera virtual, en el caso de los 13 concejales y concejalas, mientras que la presidenta del cuerpo legislativo, Lorena Arrozogaray, y el secretario Jorge Cuenca estuvieron presentes en el recinto.

Las multas a las fiestas clandestinas fueron aprobadas por la totalidad del Concejo Deliberante. Entendiendo como tales a aquellas que superen el máximo de personas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia; no posea la habilitación municipal correspondiente; sea realizada tanto en espacios abiertos como cerrados, públicos como privados; tenga como finalidad la diversión, el esparcimiento o la socialización en forma eventual y esporádica; se reproduzca o no música, ya sea grabada o ejecutada en vivo; en los casos en que el ingreso sea tanto oneroso como gratuito; se expenda o no bebidas alcohólicas, y cuente o no con servicio de lunch.

La norma aprobada estableció la imposición de multas, tanto a los concurrentes como a los “responsables solidarios”. En este último grupo es considerada toda persona “propietaria, poseedora, tenedora, locadora, locataria, comodante, comodataria del inmueble donde se realice la fiesta clandestina”, así como los organizadores, promotores o auspiciantes de la misma. Y se extiende a “cualquier persona que proporcione bienes, insumos o recursos necesarios para el desarrollo de la fiesta clandestina”.

Estos responsables serán sancionados con multas de 30.000 a 60.000 Unidades Tributarias Municipales (UTM). Lo que, en términos económicos, representan sumas de hasta $5.400.000. Ello, “sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la normativa aplicable al caso”.

“En el caso de los concurrentes, serán sancionados con multas que van de 1.000 a 2.000 UTM, lo que representa una suma máxima de $180.000. Y cuando se trate de menores de edad se aplicará lo dispuesto en el Código de Faltas Municipal, el cual establece que el procedimiento se dirigirá contra sus padres, tutor o guardador, aplicándole la sanción que hubiera correspondido según la falta”, expresó el concejal Ignacio Farfán (PJ-Creer). Y, en este sentido, aclaró que “en los casos que la fiesta clandestina fuese realizada en un establecimiento donde se desarrolla una actividad comercial se dispondrá la clausura inmediata, la que podrá extenderse hasta un plazo de 180 días”.

 

Nuestro fin no es recaudatorio, como se dijo, nuestro fin es que no haya fiestas clandestinas. Porque ahí es donde se junta mucha gente, donde no nos cuidamos, nos olvidamos de los protocolos, y queremos que eso no pase

 

Por su parte, el concejal oficialista y médico Juan Boari remarcó: “La situación en Gualeguaychú es compleja. Nosotros como funcionarios públicos, y yo particularmente como efector sanitario, debemos insistir en la necesidad de cuidarnos. Nuestro fin no es recaudatorio, como se dijo, nuestro fin es que no haya fiestas clandestinas. Porque ahí es donde se junta mucha gente, donde no nos cuidamos, nos olvidamos de los protocolos, y queremos que eso no pase”.

“Tenemos que pensar que, si queremos vivir un 2022 mejor que el 2021, tenemos que hacer las cosas mejor que en 2020. De lo contrario, dentro de un año vamos a estar pensando lo mismo, que no vamos a tener carnaval, que la economía de la ciudad y del país sigue complicada, entonces debemos seguir siendo responsables para salir de esto que tanto nos cuesta”, agregó.

La ordenanza aprobada dejó constituida como autoridad de control y aplicación al Área de Inspección General del Municipio. Y, respecto al destino de las multas, quedó establecida “la adopción de medidas que de forma directa e inmediata fomenten y aporten a los sectores más afectados, Turismo y Cultura; a la provisión de Elementos de Protección Personal, y por ende de la salud de los agentes afectados al control e inspección, y otros agentes esenciales; los recursos necesarios para la efectiva ejecución de la ordenanza por parte del órgano designado para su control y aplicación”.

“Espero que no recaudemos nada con esta ordenanza, y sirva para desalentar las fiestas clandestinas realmente”, expresó la concejala Selva Chesini (PJ-Creer).

“Pero, además, debemos cuidarnos en todo lo cotidiano. Sabemos que no son sólo estas fiestas las que están ocasionando esta ola tan importante. Tenemos que cuidarnos todos y respetar los protocolos para pasar de una vez por todas esta pandemia y volver a la normalidad lo más pronto posible”, enfatizó.

 

Alicuota a bancos

Durante los últimos siete meses del 2020, los bancos, las entidades financieras y las cajas de crédito de la ciudad pagaron, en concepto de Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, una alícuota del 6%, cuando antes era del 4%.

El incremento se dio en el marco de la emergencia sanitaria, durante la cual el Municipio ha destinado gran parte de sus recursos, tanto económicos como humanos, a la disposición de medidas de protección y control, no solo de las personas, sino también de las actividades económicas que se desarrollan dentro del Ejido Municipal.

 

Gualeguaychú haya sido la única ciudad de la provincia en avanzar en esta medida redistributiva, que tiene que ver con cobrarles más a los que más han ganado, que son los bancos, y poder acompañar a los sectores productivos, a los sectores del trabajo y al cooperativismo

 

La medida extraordinaria estaba estipulada hasta el mes de diciembre, por lo que, este jueves, el Concejo Deliberante prolongó el pago de dicha alícuota hasta tanto dure la pandemia por el coronavirus. En este sentido, hay que tener en cuenta que el proyecto original, elevado por el Departamento Ejecutivo, proponía la aplicación del pago extraordinario por el plazo de un año. Pero en la sesión, tras el aporte de Juntos por el Cambio, los concejales del bloque PJ-Creer accedieron a modificar dicho plazo, que, en definitiva, se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional determine el fin de la pandemia.

Por su parte, el concejal Hernán Ayala celebró que “Gualeguaychú haya sido la única ciudad de la provincia en avanzar en esta medida redistributiva, que tiene que ver con cobrarles más a los que más han ganado, que son los bancos, y poder acompañar a los sectores productivos, a los sectores del trabajo y al cooperativismo”.