La propuesta de conformar unidades centinelas en los territorios rurales nace de la dirección General de Agricultura del Ministerio de la Producción de la provincia, y llega a directivos de escuelas rurales, con el objetivo de regular el uso de agrotóxicos en las cercanías a dichas instituciones, dentro del marco del Decreto Nº 2239 (de aplicación de fitosanitarios) y de la Ley de Plaguicidas Nº 6599.

Las unidades centinelas pretenden ser herramientas de vigilancia sobre la aplicación de estos productos altamente contaminantes en lugares aledaños a las escuelas rurales, y la propuesta es utilizar a docentes y directivos, para que velen sobre la seguridad de los gurises y gurisas que de por sí, son polémicas, insalubres y dañinas para la salud y el ambiente.

Esto, que pareciera ser una ayuda o una solución, significa en primer lugar más trabajo no remunerado para el sector docente, quienes además han sido víctimas de estas prácticas colocándolos nuevamente en un contexto de riesgo debido a que el protocolo no garantiza protección para sus participantes, y el hecho de que los productores de la zona anuncien a los directivos con qué se va a fumigar, no resta en nada el impacto que vienen produciendo hace tiempo.

También hay que tener en cuenta que estas unidades centinelas actuarían dentro del marco del decreto que, muy a pesar de los reclamos de docente y pobladores rurales, fija una distancia de fumigación menor a la que supone seguridad y protección para las personas expuestas.

Cabe preguntarse si este supuesto cuidado hacia las escuelas será extendido también a todos los vecinos que habitan en zonas rurales quienes además padecen a diario estas repudiables prácticas que nos alejan cada vez más de nuestra tierra.