Con la esperanza de que el año que empieza sea mejor que el que termina, los concejales y concejalas del bloque PJ-Creer realizaron un balance de los primeros doce meses de gestión.

En este sentido, es importante considerar que nueve de esos meses estuvieron marcados por la emergencia provocada por la pandemia. Los proyectos pensados para el 2020 debieron quedar a un lado para atender las urgencias que demandó, y en menor medida sigue demandando, la crisis desatada por la llegada del coronavirus al país. Tal es así que el mes de abril encontró a los nueve concejales del bloque atendiendo las líneas de teléfonos dispuestas por el Municipio para uso exclusivo de consultas por la pandemia; organizando campañas solidarias y ollas populares en los barrios más postergados de la ciudad; entregando las Tarjetas Alimentarias, y dando respuestas a todo tipo de demanda, propia de esta extraordinaria situación.

Pero, a pesar del desorden que el Covid-19 generó en la vida de todos y, particularmente, en el funcionamiento del Concejo Deliberante, el bloque peronista pudo dar importantes disputas y aprobar ordenanzas que resultan muy significativas para la población.

El año legislativo comenzó con una importante decisión por parte de los concejales: “desenganchar” sus sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos, lo que significó una reducción de la dieta de todo el Concejo Deliberante. Meses más tarde, en el marco del fortalecimiento del sistema de salud y de las diversas medidas que se dispusieron para contener a las familias que se quedaron sin poder trabajar, el oficialismo impulsó el aumento de la alícuota para los bancos, las compañías financieras y las cajas de crédito de la ciudad. La misma, de manera excepcional y por seis meses, pasó del 4 al 6 por ciento. Entendiendo la totalidad del Concejo Deliberante que este sector es, y ha sido históricamente, uno de los más beneficiados de la economía nacional, y que, en momentos críticos, el esfuerzo debe ser compartido.

En julio, mediante una sesión virtual, y también por iniciativa del oficialismo, se aprobó el Programa Acompañar, destinado a dar apoyo, asistencia financiera y otras medidas tendientes a minimizar el impacto de la crisis económica a comerciantes y prestadores de servicios afectados por el Covid-19.

Se otorgaron microcréditos a tasa cero y/o exención, por el máximo de tres períodos, de la Tasa General Inmobiliaria (TGI), la Tasa de Obra Sanitarias Municipal (OSM) y de la Tasa por Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad.

 

Estas medidas pudieron hacerse realidad gracias al trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Y se complementaron con la batería de medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, como el pago del IFE, el congelamiento de tarifas, los ATP ) y el aumento en las asignaciones sociales

 

“Estas medidas pudieron hacerse realidad gracias al trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Y se complementaron con la batería de medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, como el pago del IFE, el congelamiento de tarifas, los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el aumento en las asignaciones sociales”, destacaron desde el bloque conformado por Andrea Noguera, Juan Boari, Selva Chesini, Ignacio Farfán, Sofía Ghiglione, Pablo Fernández, Susana Villamonte, Exequiel Quinteros y Hernán Ayala.  

 

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

Cuatro de los nueve integrantes del bloque son mujeres comprometidas con la ampliación de derechos y la perspectiva de género. En este sentido, el oficialismo logró dar importantes pasos. Uno de ellos fue la creación, en el marco del Concejo Deliberante, de la Comisión de la Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual, inexistente hasta ese momento.

“Son de incumbencia de esta Comisión todos aquellos asuntos cuyo objeto principal sea reducir las desigualdades entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Comprende, además, los siguientes contenidos: la identidad de género; la diversidad sexual; la construcción social de la mascunilidad y la femineidad; el diseño de políticas de educación y capacitación en la materia para todas las personas que se desempeñen en la administración pública municipal en todos sus niveles y jerarquías y en la sociedad civil, en general”, detalla la norma que, sin lugar a dudas, marca el camino para miles de municipios del país.

 

El gobierno local continúa fortaleciendo la oferta educativa pública y de calidad para miles de estudiantes que antes estaban obligados a dejar la ciudad para formarse universitariamente

 

La adhesión a la Ley de Electrodependientes fue, también, una importante conquista por parte de las familias que hace muchos años vienen luchando para que aquellos pacientes que necesitan energía eléctrica de forma permanente sean alcanzados por una tarifa especial. En este sentido, la ordenanza establece que se “garantiza la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, ininterrumpida y estable”.

Además, “las distribuidoras de energía deberán proveer gratuitamente, a título de comodato, los equipamientos adecuados para la prestación alternativa de los servicios eléctricos conforme requerimientos y necesidades de la persona electrodependiente, asegurando su funcionamiento y mantenimiento”. Lo que no sólo significa la garantía de un derecho para esta población, sino también un beneficio para todo el sistema de salud.

En esta línea de ampliación de derechos, a principio de octubre fue aprobado el Cupo Laboral Trans para el sector público de la Municipalidad de Gualeguaychú, sus organismos descentralizados, las empresas subsidiadas por el Estado Municipal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Todas deberán ocupar personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 1,5% de la totalidad de su personal.

La norma establece la creación del Registro Único Voluntario de Aspirantes Trans (RUAT) para facilitar la incorporación, y otorga un descuento en la Tasa Municipal a los privados que garanticen la contratación de esta población en un mínimo del 1% de la totalidad de su personal. Además, estableció la prioridad de contratación a las cooperativas que garanticen el 1% de cupo trans, siempre que las obras a realizarse no estén sujetas a licitaciones públicas.

La Ley Micaela en el Deporte fue otro gran paso en la construcción de una sociedad menos machista, menos violenta y más inclusiva. A partir de la sanción de esta ordenanza, instituciones y organizaciones deportivas de Gualeguaychú deberán ser capacitadas en perspectiva de género y diversidad. El equipo capacitador se conformará en el marco del programa municipal “Juguemos por la Equidad de Género”, que tiene como objetivos generar efectos que aminoren las desigualdades de género en la escena deportiva y recreativa local.

Otra de las conquistas, en este sentido, fue la aprobación del “Protocolo de acción para situaciones de violencia y discriminación por cuestiones de género” en el ámbito de la Municipalidad. El objetivo es garantizar un ambiente libre de violencias sexistas y de discriminación por cuestiones de género y/o identidad u orientación sexual.

En esta misma línea, el bloque oficialista trabaja en dos proyectos que apuntan a derribar barreras de género: uno establece la obligatoriedad de la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documental oficial emitida por el Concejo Deliberante y por el Departamento Ejecutivo. Mientras que el segundo modifica el actual régimen de licencias y amplía los derechos del personal municipal en relación a las licencias por nacimiento de hijos/as, por adopción y por tratamiento de reproducción médicamente asistida.

Por otro lado, es importante recordar que en agosto se aprobó la nueva ordenanza sobre el Estacionamiento Medido. La misma estableció una serie de garantías para todas las personas con alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad que son parte del programa. Además de la nueva indumentaria y las credenciales de identificación con código QR, quienes son parte del programa fueron capacitados en diversas temáticas, tales como la salud, el tránsito, la atención al público, la separación de residuos, la prevención del acoso callejero y la violencia de género. Y, por primera vez, tendrán un seguro de vida: el pago de ese sellado deberá volcarse al área de Accesibilidad e Integración de la Municipalidad, para generar obras y políticas públicas que apunten a la disminución y erradicación de las barreras físicas y simbólicas que impiden que las personas con discapacidad puedan hacer uso efectivo de sus derechos.

Y si de ampliar derechos se trata, el convenio entre el Municipio y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) no puede dejar de considerarse. En los primeros meses de este 2020, el Concejo Deliberante aprobó dicho convenio, garantizando el acceso libre y gratuito a la educación universitaria, tanto en la licenciatura de Trabajo Social como en la de Ciencia Política.

De esta manera, el gobierno local continúa fortaleciendo la oferta educativa pública y de calidad para miles de estudiantes que antes estaban obligados a dejar la ciudad para formarse universitariamente.

 

SALUD Y AMBIENTE

Son dos pilares de la gestión encabezada por el intendente Marín Piaggio. Lo que ha hecho la comunidad de Gualeguaychú en términos de salud pública y ambiente es digno de destacar. En un país en el que la falta de políticas públicas es una demanda constante, apostar a la salud de cada vecino y al cuidado del ambiente del que somos parte resulta un hecho político que despierta orgullo. Y aunque son banderas irrenunciables y la razón de constantes posicionamientos y gestiones, el ambiente y la salud no se reducen a la lucha contra la contaminación generada por las papeleras en territorio uruguayo y el cuidado de los ríos Gualeguaychú y Uruguay.

Al inicio de esta gestión, el Concejo Deliberante ratificó el convenio entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Municipalidad, que declaró de interés para nuestra comunidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Argentina, como miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adhiere a los 17 objetivos y las 169 metas que deberán ser cumplidos en los próximos 10 años.

Por otro lado, a principios de junio se homologó el convenio del Municipio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que garantiza el financiamiento del Plan Totalizador de Saneamiento Urbano y Periurbano. Son más de 27 millones de pesos que redundarán en una mejor calidad de vida para miles de vecinos y en la puesta en valor de la infraestructura de la ciudad.

 

Somos parte de un gobierno que ha ampliado derechos desde el primer día y ha construido una forma de gobernar de cara a la ciudadanía, dando respuestas a demandas históricas

 

Otra de las ordenanzas que apuntan al cuidado de la salud es la que reguló la instalación de estructuras de telecomunicaciones, antenas, fibra óptica e infraestructuras relacionadas a la trasmisión de datos. Luego de más de un año en el que el Municipio comenzó a ordenar este sector, el bloque PJ-Creer impulsó y aprobó el nuevo marco regulatorio, que contempla todas las actualizaciones normativas y tiene al cuidado de la salud y del ambiente como ejes principales.

Por otro lado, la adhesión a la Ley Nacional de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva realdad en la Argentina” posibilitó la creación del Concejo Asesor Municipal de la Agricultura Familiar, la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.

Esta norma posibilita la llegada de fondos nacionales, partidas locales y provinciales. Lo que, concretamente, no es más que la generación de las condiciones para continuar fortaleciendo un modelo de producción que tiene a la familia, a la salud y al ambiente como pilares irrenunciables.

Guarda estrecha relación con esta última ordenanza la de “Arbolado Urbano”, también promovida por el bloque oficialista, que entiende prioritario el cuidado y el mantenimiento de todas las especies arbóreas existentes en el espacio público. Así como la adhesión a la Ley Yolanda, por la que todos los trabajadores municipales deberán ser capacitados en las temáticas de Ambiente, y la ordenanza que establece la “utilización progresiva del papel reciclado y/o ecológico” en el ámbito del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo local.

“Fue un año difícil en el que todos debimos aprender algo nuevo. Y si bien somos totalmente conscientes que muchos proyectos no tuvieron lugar por la situación de emergencia, también estamos convencidos que con el nuevo año se renovarán los objetivos y el compromiso se redoblará. Somos parte de un gobierno que ha ampliado derechos desde el primer día y ha construido una forma de gobernar de cara a la ciudadanía, dando respuestas a demandas históricas. Eso no lo pudo cambiar ni la pandemia, por eso apostamos a que los meses próximos nos devuelvan un poco de la normalidad perdida y podamos seguir conquistando derechos para nuestro pueblo, que es para lo que nos eligieron”, sintetizaron los concejales.