Berta era feminista y activista ambiental. Creó el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y fue premiada por su activismo con el “Premio Medioambiental Goldman”, máximo reconocimiento mundial por luchas ambientales.

 

Otras muchas mujeres han sido asesinadas en el mundo y especialmente en américa latina como consecuencia de sus luchas ambientales. Emilsen Manyoma en colombia, Leonela Tapadasan Pesadilla en filipinas, Laura Leonor Vázquez Pineda en guatemala, Lesbia Janeth Urquia (solo cuatro meses después del asesinato de Berta), María Ofelia Mosquera en Colombia, entre muchas otras.

 

Las mujeres, en especial las mujeres indígenas, son particularmente vulnerables a la violencia relacionada con el medioambiente: casi la mitad de todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra comunitaria y los derechos ambientales. Cada año, un número aún mayor de mujeres defensoras del medioambiente enfrentan amenazas, intimidación, violación, tortura y/o encarcelamiento, como Patricia Gualinga Montalvo, activista indígena kichwa, quien enfrenta constantes amenazas de muerte por su defensa de los derechos de su comunidad en la selva amazónica.

 

Las mujeres, sobre todo las mujeres pobres urbanas y rurales, enfrentan cada vez más una forma relativamente nueva de violencia: la violencia ambiental, o cualquier actividad que contamine los recursos ambientales, en especial el suelo y el agua, a través de la producción, propagación y/o descarga de materiales tóxicos. La violencia ambiental afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que las toxinas se bioacumulan en la leche materna, lo que afecta tanto a mujeres como niños.

 

De todos modos, cabe la esperanza. El 4 de marzo de 2018, en parte en respuesta a la muerte de Berta Cáceres, 25 países de américa latina y el caribe firmaron un pacto legalmente vinculante, que expresa claramente el compromiso de proteger los derechos de los defensores del medioambiente. En nuestro país el “Acuerdo de Escazú” fue convertido en ley a finales del año 2020. El mismo obliga a los estados parte a garantizar el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.