Del 21 al 26 de junio se desarrolló la campaña “Acompañe no castigue” (#SupportDontPunish); una iniciativa global centrada en las bases en apoyo de la reducción de daños y las políticas de drogas que priorizan la salud pública y los derechos humanos. La campaña busca incluir la reducción de daños en la agenda política, y en Argentina plantea la modificación de la Ley 23.737 de estupefacientes, postulando una política de drogas no punitiva.

La actual realidad nacional expone una paradoja entre la ley de Salud Mental 26.657 y la Ley penal de estupefacientes 23737. La primera, promueve los derechos de las personas que usan sustancias y la segunda, limita punitivamente a las mismas personas. 

La ley penal 23.737 de estupefacientes que data del año 1989, produce un discurso que asocia la problemática del consumo de sustancias a la delincuencia y/o a la enfermedad.  Desde un paradigma punitivista las respuestas oscilan entre la medicalización y la criminalización. Es así que la representación social existente sobre las personas que consumen sustancias psicoactivas, sobre todo las ilegales, (y sobre todo cuando se trata de personas jóvenes), queda asociada a la delincuencia y/o a la enfermedad, generando respuestas de control y encierro. De esta manera la problemática es abordada por la justicia y la policía, ubicando la responsabilidad (única) sobre los sujetos consumidores, reforzando una visión social negativa.

Entendemos que los procesos de estigmatización condicionan fuertemente el ejercicio de ciudadanía. Al instalarse una mirada criminalizadora, de peligrosidad y de desviación de la normalidad sobre las personas que consumes sustancias, (sobre todo las sustancias ilegales); se los ubica en un lugar vinculado al delito o la enfermedad, generando rechazo en la sociedad y en su propia comunidad, limitando de esta manera el acompañamiento cuidado, sus oportunidades, derechos y el acceso a tratamientos que acompañen cuando el consumo se torna problemático.

Es así que en el presente 2021 el lema de la Campaña propone: # sin despenalización no hay salud mental”, buscando una nueva narrativa para el 26 de junio: Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas; que enmarque este día en el acompañamiento y no en el castigo, en la despenalización para lograr la salud y el bienestar de la comunidad.

La ley de salud mental reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas y en su ART. 4 postula que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.

Pensar el abordaje de los consumos de sustancias psicoactivas desde un paradigma de Derechos Humanos implica romper con los procesos de estigmatización para comprender a los sujetos en sus potencialidades como titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; derechos que encuentran sustento jurídico en las leyes 26.934 -PLAN IACOP, La ley 26.657 de Salud Mental; y la ley 26.061: ley Nacional de Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Desde un paradigma de Derechos Humanos, consideramos que los consumos son prácticas complejas, en las que interactúan: los procesos singulares del sujeto, las sustancias, y el contexto en que se produce el vínculo entre estos dos últimos, incluyendo las dimensiones socio económico, culturales y políticas. En este sentido, se puede decir que no todas las personas tienen la misma relación con la sustancia y algunas veces que el consumo problemático es un emergente de una situación angustiante y/o vinculada a una vulneración de derechos por la que está atravesando la persona.

Hacemos promoción de esta campaña invitando a la reflexión, al debate y conversación al interior de cada familia, que busque problematizar las representaciones sociales, los paradigmas que conviven en tensión; y que sobretodo promueva y reivindique el ejercicio de los derechos.