La Dirección de Derechos Humanos nacional tenía entre sus principales funciones colaborar con la extracción de muestras de ADN para la identificación de los hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar
“Se trata sin dudas de un notable retroceso, que debe su razón a la concepción política del gobierno nacional. Esta Dirección de derechos humanos tenía una tarea fundamental en garantizar el derecho a la identidad. Sin políticas públicas que impacten en la realidad los derechos humanos se vuelven meras evocaciones abstractas” afirmó el concejal Carlos Silva.
El rechazo por parte del Bloque del FPV a esta decisión política del Ministerio de Seguridad resulta sensible en tanto la desafectada Dirección de Derechos Humanos cumplía un rol importantísimo de recopilación documental y la producción de informes para las investigaciones judiciales relacionadas a los crímenes de lesa humanidad. Asimismo dependía del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que colaboraba en la extracción de muestras de ADN por la vía judicial, para la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de estado de la genocida dictadura cívico militar (1976-1983). Este grupo, cabe destacar, se crea a partir del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin dudas esto, entre tantas otras cuestiones, hace evidente el notable viraje en materia de derechos humanos. A partir del 25 de Mayo del 2003 con la gestión de Néstor Kirchner, se inauguró una Política de Estado, reconocida y tomada como ejemplo en todo el mundo. En este sentido, de un Estado presente y comprometido con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, que promovió la derogación de las leyes de impunidad, que desarrolló políticas públicas con áreas específicas capaces garantizar la educación, protección y prevención de los derechos, que incentivó la búsqueda de los nietos y nietas robados durante la dictadura en el marco del derecho a la identidad, se pasa a un gobierno que desde el silencio comienza a desarticular dependencias y organismos, a despedir personal especializado, haciendo imposible la realización de conquistas sociales, que por cierto están plasmadas en nuestra Constitución Nacional y con las que el Estado argentino se encuentra comprometido internacionalmente.
“Parece ser una práctica intrínseca a este gobierno nacional esto de vaciar de contenido los derechos de las mayorías populares. Mientras nos hablan de felicidad, de estar juntos, en la realidad concreta gobiernan para los más privilegiados, para la especulación financiera; nos hablan de alegría mientras desalientan la industria nacional, el consumo y el empleo. En el florido discurso de “la libertad” el salario se devalúa, el desempleo crece, los jubilados y los pobres están cada vez más desprotegidos” afirmó el concejal Pablo Delmonte.
Este proyecto de resolución enviado por el bloque del Frente para la Victoria a su vez señala el contraste de esta situación nacional con la iniciativa del Gobierno Municipal de intensificar la política de derechos humanos a nivel local. En este sentido, desde el bloque afirman, “El Presidente Municipal Dr. Esteban Martín Piaggio tomó una política de Estado clara al respecto, confirmada en la creación del Área de Derechos Humanos municipal y entre otras. En igual sentido este Honorable Cuerpo ha acompañado este proceso local”.
Por último, cabe resaltar que las políticas de vaciamiento afectan a toda la sociedad argentina, y cercanamente a familias de Gualeguaychú: tanto la familia Angerosa como  Ayastuy Bugnone se encuentran buscando a sus nietos robados, y han manifestado su preocupación ante esta situación que incide en las posibilidades de encontrar a sus familiares.
A partir de ello, el bloque del FPV ha sido claro en su repudio a estas medidas del gobierno nacional: “Los derechos se realizan con políticas de estado, no con slogans vacíos”