Desde la secretaría de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú, las áreas de Género y Diversidad Sexual y  Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la persistencia y gravedad de los femicidios ocurridos en nuestra provincia días pasados. Estos tuvieron como víctimas directas a mujeres, niñas y a dos varones,  parejas de las mujeres asesinadas.

A pocos días de la última movilización “Ni una menos. Vivas nos queremos”, nos encontramos con nuevos hechos de extrema gravedad en nuestra provincia. Sin poder salir del asombro y el espanto que esto nos genera, consideramos urgente repensar algunas cuestiones vinculadas con el cuidado de la vida de las mujeres.

Si bien el gobierno nacional viene anunciando un Plan Nacional de Erradicación de Violencia Género, no se ha avanzado en este sentido. Estos hechos gravísimos, producto de la violencia machista patriarcal, nos obligan a repensar las políticas públicas preventivas en materia de seguridad ciudadana, en particular, sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad ante la falta de efectividad de las medidas orientadas a la protección de las víctimas.

Cuando hablamos de femicidios estamos diciendo que se trata de muertes evitables, en tanto la integridad y la vida de las víctimas y de sus familias, se constituye en una responsabilidad social y política del Estado. Mientras las mujeres sigan siendo las responsables de proteger su vida y la de sus familias -al ser quienes deben recurrir a un pedido ayuda cuando el agresor se acerca y viola las medidas inhibitorias impuestas judicialmente-, continúan estando en situación de extrema indefensión.

Otro aspecto que consideramos necesario revisar es la responsabilidad judicial en cuanto a la regulación de la vinculación de los agresores de las víctimas con los hijos e hijas, lo cual muchas veces las  expone a un riesgo, al entrar en contacto con quien resulta amenazante para su vida. Tampoco las víctimas cuentan hasta hoy con patrocinio letrado gratuito, lo cual las ubica en una situación de desventaja en cuanto al acceso a la justicia.

Desde el gobierno local realizamos los mayores esfuerzos posibles para acompañar y empoderar a las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones. Sabemos que esto resulta insuficiente porque no contamos con los recursos económicos ni la infraestructura necesaria para afrontar una problemática tan grave y compleja, que tiene lugar a lo largo y ancho de nuestro país.

Por todo esto, apelamos a que se declare urgentemente, tanto a nivel nacional como provincial, la emergencia por violencia de género y se destinen los recursos económicos necesarios para hacer frente a esta grave problemática.

Finalmente, manifestamos nuestra adhesión a la preocupación expresada por las autoridades provinciales y la ciudadanía en general, bregando a fin de que se tomen las medidas necesarias para reforzar y efectivizar la protección de las víctimas, brindándoles seguridad a ellas y a sus familias.